Potestades, competencias, responsabilidades, funciones, atribuciones y/o tareas

Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas, y fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para su aplicación y cumplimiento.

Absolver las consultas y peticiones e investigar las denuncias o reclamos formulados por accionistas, inversionistas u otros legítimos interesados, en materia de su competencia, determinando los requisitos o condiciones previas que deban cumplir para entrar a conocer de ellas.

Examinar todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y documentos de los sujetos o actividades fiscalizados y requerir de ellos o de sus administradores, asesores o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue necesarios para su información.
Inspeccionar, por medio de sus empleados o de auditores externos, a las personas o entidades fiscalizadas. Citar a declarar a los representantes, administradores, asesores y dependientes de las entidades o personas fiscalizadas y a toda otra persona que hubiere ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquiera naturaleza, respecto de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Aplicar sanciones a las personas y entidades fiscalizadas que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las instrucciones y órdenes que les imparta la Superintendencia.

Evacuar los informes que le requieran los fiscales del Ministerio Público que estén dirigiendo investigaciones criminales, siempre que correspondan a materias de la competencia de la Superintendencia y se refieran a información que esté disponible en sus archivos.

Fijar las normas para la confección y presentación de las memorias, balances, estados de situación y demás estados financieros de los sujetos fiscalizados y determinar los principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad.
Dictar normas que aseguren la fidelidad de las actas, libros y documentos que la Superintendencia determine y requerir, en su caso, que en ellos se deje testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones.

Requerir de las personas o entidades fiscalizadas que proporcionen, por las vías que la Superintendencia señale, veraz, suficiente y oportuna información al público sobre su situación jurídica, económica y financiera.
Establecer la forma, plazos y procedimientos para permitir que las instituciones fiscalizadas presenten la información a que se refieren las leyes relativas al mercado de valores y de seguros en su caso, a través de medios magnéticos o de soporte informático o en otras formas que ésta establezca, así como la forma en que dará a conocer el contenido y detalle de la información.

Ordenar a las personas o entidades fiscalizadas que ella determine, la designación de auditores externos, los que deberán informar sus balances generales y, en su caso, reemplazarán a los inspectores de cuentas y estarán investidos de sus mismas atribuciones y deberes. La Superintendencia podrá fijar los requisitos que aquéllos y éstos deban reunir para el cumplimiento de su cometido, todo ello en relación con las características de dichas personas o entidades fiscalizadas.

Vigilar las actuaciones de todos los auditores externos e inspectores de cuentas designados por las personas o entidades sometidas a su fiscalización; impartirles normas respecto al contenido de sus dictámenes y requerirles cualquier información o antecedente relacionado con el cumplimiento de sus funciones.

Designar auditores externos en las entidades o personas fiscalizadas, a fin de que realicen las tareas que específicamente les encomiende, con las facultades que estime necesarias.

Llevar los registros públicos de profesionales o de información que las leyes le encomienden.

Requerir de los organismos técnicos del Estado los informes que estime necesarios y contratar los servicios de peritos o técnicos.

Disponer cuando lo estime conveniente, que los documentos que mantenga en sus registros se archiven en medios distintos al papel, mediante sistemas tecnológicos que aseguren su fidelidad al original.

Cobrar y percibir los derechos por registro, aprobaciones y certificaciones que establece la presente ley.

Estimar el monto de los beneficios, expresado en su equivalente en unidades de fomento, que hayan percibido los infractores al Título XXI de la Ley Nº 18.045, señalándolo en la resolución que aplica la sanción.

En asuntos civiles, presentar a los tribunales de justicia informes escritos respecto de los hechos que hubiere constatado, los que se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica y se les podrá otorgar el carácter de plena prueba.

Proporcionar asistencia técnica y colaborar en la investigación de infracciones a la legislación de valores y seguros, que le soliciten entidades reguladoras o supervisoras extranjeras u organismos internacionales.

Convenir con otros servicios públicos y organismos del Estado, la transferencia electrónica de información para facilitar el cumplimiento de sus funciones. Asimismo y previa resolución fundada del Superintendente, podrá convenir la interconexión electrónica con organismos o instituciones privadas.

Instruir, por resolución fundada, a los intermediarios de valores, a las administradoras de fondos fiscalizados, respecto de los recursos de éstos, a las compañías de seguros del segundo grupo, y a las sociedades securitizadoras, respecto de los recursos de sus patrimonios separados, que se abstengan de realizar las transacciones que específicamente determine con sus personas relacionadas o a través de ellas, hasta por un plazo de tres meses, renovable por igual período, cuando la situación financiera de ellas o de sus personas relacionadas ponga en riesgo los respectivos fondos administrados, patrimonios separados o compromisos con inversionistas o asegurados, según corresponda.

Ejercer las demás facultades que otras leyes o normas expresamente le confieran.

Establecer el procedmiento para determinar el margen de solvencia de las compañías

Exigir un sistema de evaluación de riesgo de mercado para las inversiones de las compañías

Autorizar la existencia, aprobar estatutos, sus modificaciones, la prórroga del plazo de duración y la disolución anticipada de las compañías de seguros y de reaseguros; autorizar el traspaso de una participación significativa

Fiscalizar las operaciones de las compañías de seguros, hacer arqueos, pedir la ejecución y presentación de balances y otros estados financieros e informes en las fechas que estime conveniente, revisar sus libros y sus carteras y, en general, solicitar todos los datos y antecedentes que le permitan imponerse de su estado, desarrollo y solvencia y de la forma en que cumplen las prescripciones de ésta y de las demás leyes vigentes, y dictar normas generales para los efectos de valorizar sus inversiones pudiendo ordenar para estos efectos las demás medidas que fueren menester;

Convocar al directorio de las compañías o a junta general de accionistas de las mismas, cuando el ejercicio de sus facultades de fiscalización así lo requiera. Suspender las sesiones de las juntas de accionistas cuando su constitución hubiere sido defectuosa, y por el mismo defecto, decretar, dentro de los ocho días siguientes a la reunión, la nulidad de los acuerdos que se hubieren tomado

Asumir el carácter de único administrador o liquidador de una compañía, en los casos previstos en el DFL 251 y cuando se decreten las suspensiones de los números 3º y 4º del artículo 44 del DFL 251 o sea revocada su autorización de existencia. La administración o la liquidación en su caso, podrá ser delegada por el Superintendente en uno o más funcionarios

Mantener a disposición del público, los modelos de textos de condiciones generales de pólizas y cláusulas que se contraten en el mercado; fijar mediante norma de aplicación general, las disposiciones mínimas que deberán contener las pólizas; y prohibir la utilización de un modelo de póliza o cláusula cuando su texto no cumpla con los requisitos de legalidad y claridad en su redacción, o con las disposiciones mínimas señaladas precedentemente;

Comprobar la exactitud de las reservas técnicas constituídas por las compañías de acuerdo con las normas de carácter general que dicte la Superintendencia, como asimismo, la de los balances, otros estados financieros, sus cuentas componentes y demás antecedentes solicitados por ésta, con arreglo a los estatutos, leyes y reglamentos vigentes, aprobándolos, disponiendo su rectificación inmediata u ordenando las modificaciones que fuere necesario incorporar en los próximos balances, estados financieros o informes;

Mantener un registro de los auxiliares del comercio de seguros, en el que deberán inscribirse quienes deseen desarrollar la actividad de corredor de seguros o de liquidador de siniestros

Resolver en el carácter de árbitro arbitrador, las dificultades que se susciten entre compañía y compañía, entre éstas y sus intermediarios o entre éstas o el asegurado o beneficiario en su caso

Establecer, mediante norma de carácter general, disposiciones sobre la información que las compañías deberán proporcionar al público sobre el calce de sus activos y pasivos, en lo referente al plazo, reajustabilidad y tipo de moneda en que éstos se encuentran;

Formar y publicar, anualmente, la estadística de todas las operaciones sobre seguros y reaseguros que efectúen las compañías, las listas de corredores de seguros y reaseguros, de liquidadores de siniestros y de compañías de seguros y reaseguros autorizados para operar en el país;

Establecer, mediante normas de carácter general, las exigencias técnicas y patrimoniales que deberán cumplir tanto los intermediarios de seguros y reaseguros como los liquidadores de siniestros para desempeñarse como tales, pudiendo dictar, asimismo, las normas por las cuales deben regirse la intermediación y la contratación de seguros y la liquidación de siniestros;

Autorizar mediante norma de carácter general, actividades afines o complementarias para las compañías de seguros

Autorizar el estableciemiento de sucursales de compañías constituidas en el extranjero

Establecer mediante norma de carácter general, la periodicidad y contenido de la información que deberán presentar los controladores de una compañía de seguros del segundo grupo

Autorizar mediante norma de carácter general, sistemas de reajustabilidad o moneda de curso legal para el pago de indemnizaciones y primas de seguros

Establecer límites de endeudamiento para compañías de seguros

Llevar el Registro de Corredores de Reaseguro Extranjero y dictar normas que regulen la contratación del reaseguro

Publicar un boletín con información financiera de las compañías

Establecer normas sobre constitución de reservas técnicas y requisitos que deberán cumplir las cesiones de reaseguro para ser deducidas de las reservas técnicas

Establecer mediante norma de carácter general, el procedimiento de clasificación de riesgo de las obligaciones de las compañías con sus asegurados

Establecer mediante norma de carácter general, las normas por las que deberán regirse los préstamos que otorguen las compañías

Establecer, cuando corresponda, los requisitos que deberán cumplir las invesiones de las compañías para ser consideradas representativas

Establecer en determinados casos, la diversificación de algunas inversiones de las compañías

Dictar normas para la custodia de las inversiones de las compañías

Autorizar la transferencia de negocios, cesión de carteras y la fusión y división de entidades aseguradoras

Sancionar a las compañías en caso de incumplimiento de órdenes o cuando no dieren cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias que les incumban

Sancionar a los agentes de ventas de las compañías y a los corredores de seguros según el artículo 28 del decreto ley Nº 3.538

Clausurar las oficinas o establecimientos de quienes ejercieren en cualquier forma el comercio de seguros o de reaseguros contraviniendo las disposiciones de los artículos 4º y 46

Revocar la autorización de existencia de una compañía

Practicar la liquidación de una compañía de seguros

Actuar como administrador o síndico en la quiebra de una compañía

Llevar el registro de Agentes Administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables, establecer sus requisitos y límites de endeudamiento

Fiscalizar las entidades de carácter mutual que estuvieren autorizadas para asegurar con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 18.660

Aprobar los planes de seguros que las Mutualidades Institucionales establezcan en favor de los personales de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile,

Efectuar la publicación del Boletín de la Superintendencia

Resolver los reparos que formulen a las rendiciones de cuentas de los Cuerpos de Bomberos, el Intendente o Gobernador que corresponda, en el proceso de revisión para su aprobación

Pagar transitoriamente las pensiones que correspondan a Bomberos accidentados en actos de servicio y contratar cuando corresponda, una renta vitalicia, para los casos de invalidez

En caso de muerte de un voluntario de Bomberos en acto de servicio, contratar una renta vitalicia para los beneficiarios de pensión de sobrevivencia

Pagar los servicios funerarios de Bomberos fallecidos en actos de servicio

Pagar los beneficios establecidos en el DL 1757, que corresponden a los bomberos voluntarios accidentados en actos de servicio, así como los gastos médicos, y cobrar las sumas correspondientes a las compañías de seguros que cubren el riesgo de incendio

Fiscalizar a las empresas administradoras de consorcios o de planes colectivos para la adquisición de bienes, autorizarlas y revocar su existencia

Impartir normas y aplicar sanciones a las empresas administradoras de consorcios o de planes colectivos para la adquisición de bienes

Dictar normas para corredoras de seguros filiales de bancos

Dictar normas para entidades de asesoría previsionales filiales de bancos

Sancionar a las entidades pagadoras de pensiones sujetas a su fiscalización, por el retraso o no pago de cotizaciones de salud

Aprobar el modelo de póliza y certificado para el seguro obligatorio de accidentes causados por vehículos motorizados (SOAP) de la Ley 18.490

Traspaso de fondos asignados por la Ley de Presupuestos a los Cuerpos de Bomberos y Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos

Autorizar planes de ahorro previsional voluntario

Autorizar a instituciones para ofrecer planes de ahorro previsional voluntario

Dictar conjuntamente con las Superintendencias de Pensiones y de Bancos e Instituciones Financieras, una norma de carácter general que establecerá los requisitos que deberán cumplir los planes de ahorro previsional voluntario

Dictar conjuntamente con las Superintendencias de Pensiones y de Bancos e Instituciones Financieras, una norma de carácter general que establecerá los requisitos que deberán cumplir los contratos y los planes de ahorro previsional voluntario colectivo

Autorizar planes de ahorro previsional voluntario colectivo

Establecer conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, las tablas de mortalidad para efectos del DL 3500

Dictar conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, una norma de carácter general que regulará la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia de laas AFP

Dictar conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, una norma de carácter general que regulará el funcionamiento del Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión

Regular mediantes normas generales, el contrato de renta vitalicia previsional del DL 3500

Establecer conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, los procedimientos de fiscalización respecto del sistema de consultas y ofertas de montos de pensión, de los pagos de beneficios y pensiones reguladas por el DL 3500 que efectúen las Compañías de Seguros de Vida, de los Asesores Previsionales, como asimismo del pago de las contingencias del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Intetgrar con un funcionario, la Comisión Clasificadora de Riesgo

Fiscalizar conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones a los asesores y entidades de asesoría previsional

Dictar conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, una norma de carácter general que regulará a los asesores y entidades de asesoría previsional

Llevar conjuntamente con la Superintendencia de Pensiones, el registro de asesores y entidades de asesoría previsional

Sancionar junto con la Superintendencia de Pensiones, a los asesores y entidades de asesoría previsional

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores, de acuerdo a las facultades que le confiere su ley orgánica y la Ley de Mercado de Valores

Establecer que determinados tipos de ofertas de valores no constituyen ofertas públicas, en consideración al número y tipo de inversionistas a los cuales se dirigen, los medios a través de los cuales se comunican o materializan y el monto de los valores ofrecidos.

Eximir determinadas ofertas públicas del cumplimiento de alguno de los requisitos de la Ley de Mercado de Valores.

Determinar mediante norma de carácter general los parámetros para establecer quienes son inversionistas calificados e inversionistas institucionales.

Llevar un Registro de Valores el cual estará a disposición del público.

Establecer por norma de carácter general, la información que las entidades que por disposición legal queden sometidas a la fiscalización, control o vigilancia y que no sean las señaladas en el artículo 1° de la Ley, deban proporcionar a la Superintendencia y al público en general.

Efectuar la inscripción en el Registro de Valores, una vez que el emisor le haya proporcionado la información que la Superintendencia requiera sobre su situación económica, jurídica y financiera, por medio de normas de crácter general.

Determinar mediante norma de carácter general, los medios a través de los cuales las personas que diréctamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, posean el 10% o más del capital suscrito de una sociedad anónima abierta, o que a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcentaje, como asimismo los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y gerentes de dichas sociedades, deberán informar a la Superintendencia y a cada una de las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga valores registrados para su cotización, de toda adquisición o enajenación que efectúen de acciones de esa sociedad.

Establecer mediante norma de carácter general, los medios alternativos a través de los cuales los emisores podrán enviar o poner a disposición de sus accionistas y demás inversionistas, los documentos, información y comunicaciones que establece esta ley

Suspender mediante resolución fundada, hasta por 30 días la oferta, las cotizaciones o las transacciones de cualquier valor, regido por esta ley, si a su juicio así lo requiere el interés público o la protección de los inversionistas.

Cancelar la inscripción de un valor del Registro de Valores, en los casos señalados en la Ley

Establecer mediante norma de carácter general, aquellos casos que podrán eximirse de la aplicación de las restricciones de adquisición de valores del respectivo emisor por parte de los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través de terceros, para adquirir o enajenar valores de la sociedad o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichos valores.

Determinar mediante norma de caracter general, los criterios mínimos y las excepciones que se debe considerar para la preparación y presentación de la información que los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades controladas directamente por ellos o a través de otras personas, deberán informar a cada una de las bolsas de valores del país en que el emisor se encuentre registrado, su posición en valores de éste y de las entidades del grupo empresarial de que forme parte, como asimismo la oportunidad y forma en que ella se le debe remitir.

Establecer mediante norma de carácter general la forma y la periodicidad con que las sociedades anónimas abiertas deberán informar a la Superintendencia y a las bolsas de valores en que se transen sus acciones, las adquisiciones y enajenaciones de sus acciones que efectúen sus personas relacionadas.

Determinar mediante normas de aplicación general las exigencias técnicas y patrimoniales que deben cumplir los intermediarios de valores para que puedan dedicarse a la compra o venta de valores por cuenta propia.

Llevar el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores

Establecer por medio de normas de carácter general, los medios y la forma en que los interesados deberán acreditar los requisitos para ser inscritos en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores señalados en la ley, señalando los antecedentes que con tal fin deberán acompañar a sus solicitudes de inscripción.

Autorizar las actividades complementarias para las corredoras de bolsa y agentes de valores

Pronunciarse sobre las solicitudes de inscripción en el Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha de la solicitud respectiva

Establecer los márgenes de endeudamiento, de colocaciones y otras condiciones de liquidez y solvencia patrimonial que deberán cumplir y mantener los corredores de bolsa y agentes de valores

Exigir mayores garantías a los corredores de bolsa y los agentes de valores para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de todas sus obligacio¬nes como intermediarios de valores, en beneficio de los acreedores presentes o futuros que tengan o llegaren a tener, en razón de sus operaciones de corretaje, en razón del volumen y naturaleza de las operaciones del intermediario, del total de las comisiones ganadas en el año precedente al de la exigencia, de los endeudamientos que afectaren al agente o corredor o de otras circunstancias semejantes

Establecer otros antecedentes, además de los señalados en la ley, que sean necesarios para mantener actualizada la información del Registro de Corredores de Bolsa y Agentes de Valores

Establecer los requisitos mínimos de las normas que rijan los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que deben definir y hacer público los corredores de bolsa y agentes de valores, en el manejo de la información que obtuvieren de las decisiones de adquisición, enajenación y aceptación o rechazo de ofertas específicas de sus clientes, así como de cualquier estudio, análisis u otro antecedente que pueda incidir en la oferta o demanda de valores en cuya transacción participen.

Fiscalizar, otorgar la aprobación de su existencia, los estatutos, la modificación de éstos, la disolución o cancelación de la personalidad jurídica de las corporaciones de agentes de valores, así como impartir las instrucciones y normas que sean necesarias para el cumplimiento de la Ley.

Cancelar la inscripción de un corredor de bolsa o de un agente de valores o suspenderla hasta por el plazo máximo de un año, cuando se den las causales establecidad en la Ley.

Impartir a las bolsas y a sus corredores las instrucciones y normas que estime necesarias para asegurar la existencia de un mercado equitativo, competitivo, ordenado y transparente.

Fiscalizar a las bolsas de valores.

Autorizar las actividades complementarias de las bolsas de valores

Revocar la autorización de existencia de las bolsas de valores, en los casos señalados en la Ley.

Practicar la liquidación de una bolsa de valores, en caso de disolución de la misma, pudiendo facultar a la bolsa para que practique su propia liquidación.

Autorizar a una bolsa de valores la suspensión de la transacción de un valor por más de cinco días

Resolver, previa audencia de la bolsa de valores respectiva, los reclamos de quienes no sean admitidas como corredores de bolsa o que hayan sido suspendidas, expulsadas o sujetas a cualquier otra sanción, como asimismo, los emisores a quienes se deniegue la inscripción de sus valores en bolsa.

Si una bolsa de valores deja de cumplir con uno o más de los requisitos u obligaciones que la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias le imponen, la Superintendencia podrá limitar sus actividades a aquellas que no se vean afectadas por la falta de cumplimiento o suspender o cancelar su autorización para operar.

Determinar el contenido de la publicación y comunicación que deba efectuar toda persona que, directa o indirectamente, pretenda tomar el control de una sociedad anónima abierta.

Dictar las normas de aplicación general que sean conducentes a asegurar que la publicidad, propaganda y difusión que por cualquier medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no contengan declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores. En caso de contravención a lo establecido en este artículo o en las normas generales que al respecto hubiere dictado, la Superintendencia podrá ordenar al infractor o al director responsable del medio de difusión que modifique o suspenda la publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan.

Llevar un registro público de presidentes, directores, gerentes, ejecutivos principales, administradores y liquidadores de las entidades sujetas a su vigilancia

Llevar un Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo, e impartir las normas de caracter general para la inscripción en el mismo.

Autorizar actividades complementarias a las Entidades Clasificadoras de Riesgo

Cancelar la inscripción una clasificadora en el Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo, si el capital y reservas de la clasificadora se redujere de hecho a una cantidad inferior al mínimo y no fuere completado dentro del plazo de 30 días.

Fiscalizar a las Entidades Clasificadoras de Riesgo, pudiendo requerir información o antecedentes relacionados con el cumplimiento de sus funciones.

Aceptar, suspender o cancelará las inscripciones de entidades clasificadoras de riesgo habida consideración a la idoneidad y cumplimiento de sus labores.

Autorizar, a solicitud de una entidad clasificadora, la utilización de subcategorías de clasificación, las que, en todo caso, deberán quedar previamente inscritas en la Superintendencia

Determinar, en conjunto con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en los casos del artículo 94 de la Ley de Mercado de Valores, previa consulta entre ellas y con la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, los procedimientos de clasificación, mediante la dictación de una norma de carácter general.

Calificar si entre dos o más personas existe acuerdo de actuación conjunta considerando entre otras circunstancias, el número de empresas en cuya propiedad participan simultáneamente, la frecuencia de votación coincidente en la elección de directores o designación de administradores y en los acuerdos de las juntas extraordinarias de accionistas.

Determinar que no influye decisivamente en la administración o en la gestión de una sociedad toda persona, o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta, que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, controla al menos un 25% del capital con derecho a voto de la sociedad, o del capital de ella si no se tratare de una sociedad por acciones, en consideración de la distribución y dispersión de la propiedad de la sociedad.

Establecer mediante norma de carácter general, que es relacionada a una sociedad toda persona natural o jurídica que por relaciones patrimoniales, de administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación, incurriere en alguna de las hipótesis señaladas en la Ley de Mercado de Valores.

Determinar la forma, contenido y periodicidad de la información que las entidades fiscalizadas le proporcionarán a ésta y al público, acerca de las operaciones con sus personas relacionadas.

Impartir las instrucciones necesarias y requerir la información conducente a determinar la existencia de un acuerdo de actuación conjunta, le existencia de influencia decisiva en la administración o gestión de una sociedad, quienes son relacionados a una sociedad y si una entidad pertenece o no a un grupo empresarial.

Establecer las menciones obligatorias que debe contener una escritura de emisión de bonos, dentro de los márgenes señalados en la Ley

Autorizar como representantes de los tenedores de bonos y administradores extraordinarios, por medio de una norma de carácter general, a otras personas, además de los los bancos y las sociedades financieras, las cuales se eencuentran autorizadas por ley.

Supervigilar a los representantes de los tenedores de bonos, los administradores extraordinarios, los encargados de la custodia y los peritos a que se refiere la Ley de Mercado de Valores.

Citar a junta de tenedores de bonos, en los casos señalados en la Ley de Mercado de Valores

Establecer mediante instrucciones de carácter general, los requisitos que deban cumplirse, además de los señalados en la Ley de Mercado de Valores, para efectuar oferta pública de valores representativos de deuda cuyo plazo no sea superior a 36 meses

Fiscalizar, autorizar la existencia de las sociedades securitizadora y, previo a ello verificar que dichas entidades tienen un capital pagado en dinero efectivo no inferior al equivalente a diez mil unidades de fomento.

Fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre condiciones, créditos, inversiones y los derechos sobre los flujos provenientes de los mismos que haya establecido el Banco Central de Chile, previo informe de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, requerido conforme al artículo 35 de su Ley Orgánica Constitucional, que podrán ser objeto de venta o cesión por los bancos o sociedades financieras a las sociedades securitizadoras o fondos de inversión de créditos securitizados.

Establecer las menciones que, además de las señaladas en el Ley de Mercado de Valores, debe contener el contrato de emisión de títulos de deuda con formación de patrimonio separado

Prorrogar, hasta por 90 días el plazo de 60 días contados desde el inicio de colocación de la emisión, para que el el representante de los tenedores de títulos de deuda de securitización otorgue el certificado de formación de patrimonio separado.

Establecer Los elementos mínimos que deben contener los contratos de administración de los bienes que conformen el activo de los patrimonios separados; las normas a que debe sujetarse la contabilidad de la sociedad securitizadora y de cada uno de los patrimonios separados, y las obligaciones de información que tendrá el representante de tenedores de títulos de deuda y la sociedad emisora, con los inversionistas, público en general y la Superintendencia.

Autorizar, mediante norma de carácter general, emisiones de bonos con formación de patrimonios separados utilizando un procedimiento que contemple una escritura pública general que establezca la realización de dos o más emisiones, con cargo a activos de una misma naturaleza y bajo similares condiciones, dentro de un período determinado de tiempo, no superior a dos años y que contenga las cláusulas generales aplicables a todas las emisiones del período y otra que considere las condiciones específicas de la emisión, ambas suscritas por la sociedad emisora y por el representante de los tenedores de bonos. Para esos efectos la Superintendencia establecerá las menciones propias de cada escritura.

Practicar, en caso de disolución por cualquier causa, la liquidación de la sociedad securitizadora, con todas las facultades que la ley le otorga para la liquidación de las compañías de seguros. La liquidación puede ser delegada por el Superintendente en uno o más funcionarios de la Superintendencia o en otras personas siempre que no les afecten las inhabilidades contempladas en los artículos 35 y 36 de la ley Nº 18.046. En todo caso el Superintendente podrá autorizar que la liquidación sea practicada por la propia sociedad securitizadora.

Revocar la autorización de existencia de las sociedades securitizadoras de acuerdo con sus facultades o en caso de administración gravemente culpable o fraudulenta.

Autorizar la existencia de las cámaras de compensación, aprobar sus reglamentos y las normas que se dicten para su funcionamiento y en su caso, las modificaciones a los mismos.

Autorizar las demás funciones, además de las señaladas en la ley, que establezca la reglamentación interna de la respectiva cámara de compensación.

Fiscalizar y supervigilar el funcionamiento y actuaciones de las Cámaras de Compensación que se establezcan, de acuerdo a las facultades y atribuciones que le confieren la Ley de Mercado de Valores, su ley orgánica y las demás leyes de su competencia, en especial, las referidas a las bolsas de valores.

Rechazar o proponer modificaciones a los proyectos de reglamentos y normas, dentro de un plazo de 90 días contados desde su presentación.

Determinar los activos de baja liquidez y dentro de éstos, a aquellos en que no podrán invertir su patrimonio las sociedades administradoras de fondos fiscalizadas por ella.

Controlar el registro reservado de las intrucciones que reciban de parte de sus clientes, aquellas instituciones que mantienen valores de terceros en su custodia, determinando mediante norma de acrácter general, el tiempo por el cual debe conservarse.

Llevar el Registro de Valores Extranjeros y regular, mediante normas de carácter general, los requisitos necesarios para obtener la inscripción de valores extranjeros o CDV, como asimismo, los requisitos mínimos que deberá contener el contrato de depósito de valores extranjeros.

Establecer, mediante normas de carácter general, los procedimientos que permitan la inscripción y la oferta pública de valores extranjeros, pudiendo establecer requisitos diferentes según la naturaleza de los mismos y determinar los mercados en que podrán transarse.

Eximir de la obligación de inscripción a los valores extranjeros correspondientes a emisores bajo la supervisión de entidades con las que la Superintendencia haya suscrito convenios de colaboración, que permitan contar con información veraz, suficiente y oportuna sobre los valores extranjeros y sus emisores, en los términos exigidos en esta ley.

Autorizar mediante normas de carácter general, previo informe favorable del Banco Central de Chile, la realización de transacciones de valores extranjeros o de CDV, fuera de bolsa.

Rechazar la inscripción y registro de un valor extranjero o de los CDV, en casos excepcionales y graves relativos a hechos relacionados con circunstancias que por su naturaleza sea inconveniente difundir públicamente, pudiendo omitirse su fundamentación en la resolución respectiva. En tal caso, los fundamentos omitidos deberán darse a conocer reservadamente al Ministerio de Hacienda y al Banco Central, al Consejo de Defensa del Estado, a la Unidad de Análisis Financiero o al Ministerio Público, cuando corresponda.

Establecer requisitos adicionales para el registro reservado de las intrucciones que reciban de parte de sus clientes, aquellas instituciones que mantienen valores extranjeros de terceros en su custodia.

Dictar, las normas a que debe sujetarse la oferta pública de valores extranjeros en Chile, emitidos por organismos internacionales o supranacionales, o Estados extranjeros, según corresponda, o de CDV representativos de aquéllos.

Suspender o cancelar la inscripción de un valor en el Registro de Valores Extranjeros en los casos señalados en la Ley de Mercado de Valores

Eximir del cumplimiento de una o más normas de las ofertas públicas de adquisición de acciones, a aquellas ofertas de hasta un 5% del total de las acciones emitidas de una sociedad, cuando ellas se realicen en bolsa y a prorrata para el resto de los accionistas, conforme a la reglamentación bursátil que para este efecto apruebe la Superintendencia.

Fiscalizar a las personas que efectúen ofertas públicas de adquisición de acciones, los organizadores y los administradores de la oferta, en relación con esas ofertas

Determinar mediante instrucciones de general aplicación, las condiciones mínimas que deberán reunir las acciones para ser consideradas con presencia bursátil.

Aprobar la reglamentación bursatil para que el accionista que haya tomado el control de una sociedad pueda, dentro de los doce meses siguientes contados desde la fecha de la operación, adquirir acciones de ella por un monto total igual o superior al 3%, sin efectuar una oferta de acuerdo a las normas de las ofertas públicas de adquisición de acciones, cuando se cumplan las condiciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores.

Determinar los antecedentes esenciales que deba contener el aviso informando del inicio de la vigencia de la oferta de adquisición de acciones.

Formular observaciones y exigir al oferente de una oferta pública de adquisición de acciones, antecedentes adicionales a los proporcionados, con el objeto que los inversionistas cuenten con la información veraz, suficiente y oportuna requerida para decidir si aceptan la oferta.

Suspender la oferta pública de adquisición de acciones, hasta por 15 días, el inicio o la continuación de la oferta por deficiencia en la información proporcionada o el incumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley. Esta suspensión podrá prorrogarse por una vez y por el mismo plazo. Si vencida la prórroga subsisten las causas que la fundaron, la Superintendencia dejará sin efecto la oferta por resolución fundada.

Fiscalizarlas a las sociedades administradoras generales de fondos con las atribuciones y facultades que le otorga su Ley Orgánica, como asimismo, con las mismas atribuciones y facultades de que está investida para fiscalizar y sancionar a las sociedades anónimas abiertas, a las compañías de seguros y a las sociedades que administran exclusivamente alguno de los tipos de los fondos de su objeto. Asimismo, podrá dictar instrucciones por las cuales deberán regirse dichas sociedades.

Autorizar la existencia de las administradoras generales de fondos y previo a ello verificar que dichas entidades tienen un capital pagado en dinero efectivo no inferior al equivalente a diez mil unidades de fomento.

Establecer la forma y condiciones, por una norma de carácter general, mediante las cuales las administradoras deberán constituir la garantía por el monto inicial de 10.000 unidades de fomento, en beneficio del fondo para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por la administración de fondos de terceros, previo al funcionamiento de cada fondo que administren y hasta su total extinción.

Aprobar los reglamentos internos y textos tipo de los contratos de los fondos administrados por las administradoras generales de fondos.

Establecer los medios y la forma en que los directores y ejecutivos principales de las sociedades administradoras generales de fondos deberán acreditar los requisitos establecidos en el artículo 229 de la Ley de Mercado de Valores.

Comprobar que las administradoras generales de fondo, previo al inicio de sus funciones, han dado fiel cumplimiento de todas las formalidades que para su constitución establece la Ley de Mercado de Valores y que deban tener aprobado un reglamento general de fondos; el reglamento interno para cada fondo y, en su caso, inscrito el contrato de administración de a lo menos un fondo, conjuntamente con el contrato de suscripción de cuotas y el facsímil de título de las mismas, cuando correspondiere.

Establecer mediante norma de carácter general, los títulos no susceptibles de ser custodiados por una empresa de depósito de valores regulada por la Ley Nº 18.876. Asimismo, podrá autorizar, en casos calificados, que todos o un porcentaje de los instrumentos de un fondo admnistrado por una administradora general de fondos sean mantenidos en depósito en otra institución autorizada por ley.

Establecer, mediante norma de carácter general, la forma en que las administradoras generales de fondos deberán llevar la custodia y depósito, cuando se trate de valores extranjeros.

Autorizar a otras entidades distintas a las empresas de depósitio de valores y los bancos para que efectuen la custodia de los instrumentos representativos de las inversiones realizadas a nombre del fondo, determinando las condiciones que éstas deban cumplir.

Señalar, mediante norma de caracter general, los medios de comunicación por los cuales las administradoras generales de fondos deberán informar en forma veraz, suficiente y oportuna a los partícipes de los fondos y al público en general, sobre las características esenciales de los fondos que administra, considerando, la política de inversión de cada uno de ellos; mercado al cual están dirigidos; estructura de sus carteras de inversiones; evolución de la rentabilidad de sus cuotas; remuneración de la sociedad por su administración; estructura de comisiones y gastos de operación que se pueden atribuir al fondo; y sobre cualquier otro hecho relevante relacionado con la administración. Dicha información deberá señalar claramente el tipo de fondo de que se trate.

Establecer las oportunidades en que las administradoras generales de fondos deben enviar a la Superintendencia, todos los datos que requiera para imponerse del estado de la administración de los fondos, de los ingresos producidos y las inversiones y gastos realizados; y, en general, de la forma en que cumplen con las obligaciones estatutarias, legales, reglamentarias y las administrativas que les imparta.

Practicar, en caso de disolución de una sociedad administradora general de fondos, la liquidación de la misma, con todas las facultades que la ley Nº 18.046 le confiere a los liquidadores de las sociedades anónimas, así como practicar la liquidación de los fondos que ella administra.

Autorizar a la administradora para que practique su propia liquidación, o la de los fondos que administre.

Autorizar, sea o no con ocasión de la disolución de la administradora, el traspaso de la administración de los fondos a otra sociedad de igual giro o del giro exclusivo del respectivo fondo, en las condiciones que determine.

El Superintendente o la persona quelo reemplace, una vez declarada la quiebra de una administradora, actuará como síndico con todas las facultades que al efecto confiere a los síndicos la ley Nº 18.175, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones del Título XXVII de la Ley 18.045.

Fiscalizar a las empresas de auditoria externa en lo referido a los servicios de auditoría externa.

Llevar el registro de empresas de auditoria externa, debiendo efectuar las inscripciones, suspensiones y cancelaciones en los casos señalados en la Ley de Mercado de Valores.

Establecer mediante una norma de carácter general, los medios y condiciones de archivo y custodia de las opiniones, certificaciones, informes o dictámenes, todos los antecedentes que le sirvieron de base para su elaboración, por parte de las empresas de auditoría externa.

Autorizar los medios de comunicación que garanticen la fidelidad y simultaneidad de las opiniones cuando aquellos que hayan firmado los informes de auditoría sean citados a concurrir a las juntas de accionistas para responder las consultas que se le formulen respecto de su informe y respecto de las actividades, procedimientos, constataciones, recomendaciones y conclusiones, que sean pertinentes.